domingo, 11 de noviembre de 2007

Los afectados de Fórum y Afinsa seguirán sin dinero y sin soluciones... al menos, hasta las elecciones


Estos días se cumplen un año y medio desde que la Audiencia Nacional intervino judicialmente, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. A partir de aquel fatídico 9 de mayo de 2006, las cifras se amontonaron: unos 460.000 clientes, un 1 por ciento de la población española, se quedaban sin los ahorros de toda su vida.
El agujero de Fórum podría llegar hasta los 3.400 millones de euros, el de Afinsa hasta los 1.700 millones; y lo peor de todo es que ambas empresas operaban con total normalidad desde 1979 (Fórum) y 1980 (Afinsa).

Incertidumbres
Sin embargo, si estos 18 meses transcurridos se han caracterizado por algo, ha sido por la incertidumbre generada entre los perjudicados, que piden soluciones urgentes. De momento hay tres procesos judiciales abiertos: el penal, que instruyen los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Santiago Pedraz; el mercantil, que tramita las administraciones concursales de Afinsa (juzgado 6 de Madrid) y Fórum (juzgado 7) y la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por varias asociaciones y que resolverá el Ministerio de Presidencia después de las elecciones.
Y esto no ha acabado aquí, ya que ante el presumible silencio administrativo o la negativa del Estado a hacerse responsable, los afectados acudirán en masa a la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, para solicitar por la vía judicial que la Administración se haga responsable de esta, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, "estafa piramidal".
Esta última vía es en la que más hincapié vienen haciendo las asociaciones de afectados desde que el 8 de mayo de este año presentaran ante el Ministerio de Economía la reclamación. El asunto se desvió al Ministerio de Sanidad y Consumo y, finalmente, será el de Presidencia el que resuelva dentro de seis meses.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina
Con esta prórroga del plazo inicial de medio año, que comenzó a contar el pasado 8 de mayo, el Gobierno se ha quitado el muerto de tener que responder a las pretensiones de los afectados justo antes de las elecciones generales. La presumible negativa del Ejecutivo, según fuentes conocedoras del asunto, se convertiría en una medida muy impopular de cara a unos comicios que están a la vuelta de la esquina. No hay que olvidar que los afectados de Fórum y Afinsa, contando a clientes y familiares, supera con creces el millón de personas.
Por eso, asociaciones de afectados de Madrid, Andalucía y Cataluña, entre otras regiones, han remitido cartas a los candidatos de los partidos políticos en las que les exigen que en sus programas electorales se comprometan a reconocer la responsabilidad del Estado. De esta forma, aseguran que tendrían más claro a quién votar.

Qué es lo que queda
De cualquier forma, los interrogantes en relación al caso de los sellos son innumerables y casi todos apuntan a la dejadez de organismos estatales, como los ministerios de Hacienda y de Consumo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España... ¿Por qué se esperó tanto tiempo para regular la inversión en bienes tangibles? ¿Por qué la CNMV prohibió a Bosques Naturales en diciembre de 1998 captar ahorro público y no hizo lo mismo con las dos filatélicas?
"La responsabilidad patrimonial del Estado en esta calamidad es cada vez más patente y no hay jurista que se haya acercado al caso que no vea claro que la Justicia acabará obligando a la Administración a pagar por su manifiesta negligencia", aseguran desde la Coordinadora Española de Afectados de Fórum y Afinsa (Ceaffa), que reúne a 156.000 de los 460.000 afectados.
Coincidiendo con el año y medio de la intervención judicial, el viernes se inició la primera subasta de bienes de las empresas intervenidas. Se trata de material informático con un precio de salida muy inferior al de mercado. La coordinadora considera que, de no remediarse la situación, esta liquidación "sólo beneficiará a unos pocos y no a los legítimos dueños de estos bienes, los acreedores".
Tampoco sabe nadie con exactitud cuánto valen los activos que quedan de ambas empresas, ni los sellos, ni los inmuebles, cuyas tasaciones oficiales realizadas están recurridas por alejarse de forma escandalosa de los precios que se manejan en el mercado.
Las familias afectadas por el cierre de las dos filatélicas no se sienten representadas en el procedimiento concursal, que "margina a los verdaderos acreedores", al ocupar Hacienda "la plaza que les corresponde" dentro del triunvirato de administradores de la quiebra. Ceaffa entiende que en el proceso concursal ha salido beneficiada la Agencia Tributaria al crear "una deuda artificiosa y artera" de las dos sociedades, que dejaron de pagar el IVA y las retenciones de IRPF los ocho primeros días de mayo de 2006. "Hasta ese momento, las empresas estaban al día en sus obligaciones tributarias".

¿Nadie sabía nada?
Las asociaciones de perjudicados comparan su situación con el drama del aceite de colza desnaturalizado, caso en el que los tribunales tardaron 15 años en determinar que el Estado debía pagar. Pero en el caso de los sellos, hay muchos jubilados que no podrán esperar tanto tiempo para recuperar los ahorros que invirtieron en una institución considerada solvente y avalada por el cuarto de siglo que venía operando con normalidad.
¿Conocía el Gobierno que Fórum y Afinsa incumplían la prohibición de realizar actividades propias de las instituciones de inversión colectiva? Cuesta creer que los distintos Ejecutivos que han llegado al poder desde 1980 no estuvieran al tanto del negocio.
Recientemente, la acusación que ejerce el bufete González-Grano de Oro ha demostrado que el Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de España, tuvo conocimiento en 1998 del negocio financiero de Afinsa sin que estuviera registrada para desarrollar tal actividad. Anticorrupción tampoco dudó en calificar su actividad como financiera, "por la certeza de la revalorización pactada, cuya cuantía queda supeditada al tiempo de duración del contrato y a un porcentaje anual sobre el capital".